Aniversario de la Promulgación de la Ley General de Población

Los lineamientos que han regido la Política Nacional de Población desde hace cuatro décadas se establecieron en la Ley General de Población publicada el 7 de enero de 1974 por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. A partir de ese momento se ha reconocido la necesidad de conducir los fenómenos demográficos en armonía con la política económica y social del país, coadyuvando principalmente al control del crecimiento poblacional. Con motivo del XL Aniversario de la Promulgación de la Ley General de Población, el Consejo Estatal de Población (COEPO) informa acerca de la evolución de los principales indicadores demográficos en Jalisco en el período 1974-2014, esto con base en estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

La Política de Población de 1974 fue necesaria y oportuna en ese momento, cuando la tasa de crecimiento demográfico del país alcanzó uno de los niveles más altos del mundo, lo que implicaba que la población se duplicaría en tan sólo 20 años. Asimismo, los lineamientos de la Ley se basaron en una política profundamente humanista que ha sustentado sus acciones en el reconocimiento, promoción y respeto de los derechos humanos fundamentales, como son los relativos a la libre elección en materia reproductiva y la libertad de tránsito y asentamiento, entre otros. En el caso de Jalisco, para ese año la entidad tenía una tasa de crecimiento promedio anual de 2.62 por ciento, lo que significaba que de mantenerse constante ese ritmo de crecimiento, su población se duplicaría aproximadamente en 27 años.

El éxito de la Política de Población, medido por la disminución de la tasa de crecimiento demográfico, permitió reducir las presiones sobre los recursos destinados al desarrollo, a la vez que contribuyó a la expansión de las libertades, al derecho a decidir sobre el número y calendario de su descendencia, a gozar de una vida saludable y a tener embarazos con menores riesgos. Lo anterior ha favorecido, a su vez, el ejercicio de otros derechos como el de la educación, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente limpio, el trabajo y la seguridad social, y la no discriminación. Es importante señalar que fue hasta el 18 de febrero de 1984 cuando se crea el COEPO en Jalisco, es decir, 10 años después de la promulgación de dicha Ley, con la finalidad de coadyuvar en el establecimiento y operación de mecanismos de coordinación que garantizaran el éxito en la instrumentación de la política nacional de población.

De este modo, a cuarenta años de publicada la Ley General de Población, el perfil demográfico de Jalisco ha cambiado de manera muy importante. La esperanza de vida al nacimiento de la población jalisciense que en 1974 era de 65.6 años, para 2014, según las proyecciones de población del CONAPO, se estima en 75.4 años. En los hombres, la esperanza de vida se incrementó más de 9 años, al pasar de 63.3 en 1974 a 72.8 años actualmente. Por su parte, las mujeres viven hoy 10 años más en promedio que en 1974, ya que en ese año su esperanza de vida era de 67.9 y en 2014 se estima de 78.1 años.

Por otro lado, la tasa bruta de mortalidad que en 1974 era de 7.8 defunciones por mil habitantes en el estado, hoy se estima en 5.6; en tanto que la tasa de mortalidad infantil, que en el año 1974 era de 58.20 defunciones por mil nacidos vivos, en 2014 se estima en 10.70; no obstante, a pesar de que esta última tasa disminuyó significativamente un 81.6 por ciento, se reconoce que todavía queda mucho por hacer.

De igual manera, la tasa global de fecundidad en el estado ha bajado aproximadamente 63.8% al pasar de 6.19 hijos por mujer en 1974 a 2.24 en 2014, según las nuevas proyecciones de población. También la tasa bruta de natalidad ha disminuido drásticamente en un 53.2 por ciento, al pasar de 40.6 hijos por mil habitantes en 1974 a 19.0 en 2014.

Como resultado de la baja en la fecundidad y la mortalidad, se desaceleró el ritmo de crecimiento demográfico en la entidad. La tasa total de crecimiento bajó 1.4 puntos porcentuales en los últimos 40 años, al pasar de 2.62 a 1.21 por ciento. En el mismo período, el crecimiento natural y social también disminuyeron, pasando de 3.28 a 1.35 por ciento, y de -0.66 a -0.14 por ciento, respectivamente.

Aun cuando las atribuciones y competencias que la Ley asignó a la política de población en el pasado fueron muy útiles, hoy en día resultan insuficientes para encarar los actuales desafíos poblacionales. A cuarenta años de la instauración de la política de población vigente y a casi 30 años de la creación del COEPO, Jalisco enfrenta problemáticas distintas. Para hacerles frente y estar a la altura de los nuevos desafíos poblacionales como la migración, el envejecimiento, la fecundidad de reemplazo, la equidad social y un patrón de distribución poblacional en el estado que contribuya decisivamente al desarrollo regional sustentable; es imprescindible revisar los marcos jurídico e institucional de la política de población para modernizar sus estructuras y operación.

También es indispensable promover reformas para reconocer la protección de los derechos humanos como un principio fundamental de la política de población. Además, es necesario asignar a la política de población las competencias indispensables que fortalezcan la visión de la planeación demográfica a largo plazo, mediante la integración de criterios demográficos en la planeación de corto plazo del desarrollo económico y social de la entidad, para que se reconozcan las oportunidades, las inercias, las inequidades y los costos del cambio poblacional.

En esta nueva etapa, resulta crucial revalorar la organización y el funcionamiento del CONAPO, mediante estudios rigurosos de evaluación de la política de población, para identificar, lo que debe continuar, lo que debe cambiarse y lo que debe desecharse. También es necesario fortalecer el poder de convocatoria de su Secretaría General, asignándole presupuesto y patrimonio propios, para poder así coordinar y movilizar a una gran variedad de instituciones hacia los objetivos de la política de población y alcanzar una efectiva coordinación institucional, solo así, se podrán distribuir más equitativamente los beneficios derivados del cambio poblacional entre las personas, las generaciones, las familias, los grupos sociales y las regiones, para edificar el México que todos queremos.