El Consejo Nacional de Población cumplió 40 años.

El 7 de enero de 1974 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a la Ley General de Población, y por disposición de esta Ley fue instalado el 27 de marzo del mismo año el Consejo Nacional de Población.

A cuatro décadas, el CONAPO ha mantenido a la política de población en un alto grado de continuidad y ha contribuido a propiciar cambios significativos en el desarrollo económico y social de México. Sin embargo, el panorama sociodemográfico actual revela importantes desafíos, entre los que destaca la persistencia de rezagos asociados a la marginación y a la desigualdad, los problemas y oportunidades emergentes derivados del proceso de urbanización y nuevas modalidades de movilidad.

El patrón de poblamiento del territorio nacional continúa presentando las dos facetas que han caracterizado su desarrollo en los últimos años: La concentración y la dispersión; la migración interna se ha convertido en uno de los componentes determinantes de los cambios de la composición social.

En 1970, el impulso dado a la industria turística, el nacimiento de las maquiladoras y la fuerte atracción que generaban las ciudades hizo de Quintana Roo, Baja California, México, Morelos y Baja California Sur las entidades con más inmigración. Sin embargo, a partir de 1980, cambios trascendentales en el fenómeno migratorio se presentaron debido a la escasez de vivienda, el incremento del desempleo y la contaminación, entre otros problemas, que propiciaron el traslado de la población del Distrito Federal al área conurbada del estado de México y a otras entidades como Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí y Aguascalientes convirtiéndolas en principales receptoras de migrantes.

Dado el proceso de reestructuración económica en las últimas décadas, la mayor parte de la migración se dirige a grandes zonas metropolitanas y a las ciudades con vocación turística, a ello se debe la diversificación de los flujos migratorios de origen y destino entre el Distrito Federal y el Estado de México, o los identificados en Jalisco y Nuevo León, así como las elevadas tasas netas migratorias de Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit y Querétaro.

El panorama de la migración interna, según las estimaciones, advierte para el año 2030 que estados como Baja California Sur, Quintana Roo y Nayarit serán los principales receptores de población mientras que el Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Sinaloa y Chihuahua serán las entidades de las que más población emigre, por lo que es necesario prever la atención de diversas necesidades, como la disponibilidad de equipamiento, de bienes y servicios, así como la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social de éstas, a través de la creación de empleos, habilitar espacios educativos de capacitación, servicios de salud y el fortalecimiento del sistemas de pensiones.

Por su parte, la concentración de población y la expansión urbana han generado presiones sobre el territorio al crecer de manera desordenada e irregular, disminuyendo la calidad de vida y transformando las ventajas de localización, de escala y de urbanización de las aglomeraciones en desventajas para los agentes económicos. Mientras que en 1970 casi la mitad de la población vivía en localidades urbanas, en 2010 el 72.3 por ciento de los habitantes residía en ellas, y de acuerdo a las prospectivas en 2030 esta tendencia se mantendrá.

Por ello, se debe fortalecer la incorporación de estrategias para la diversificación del sistema urbano nacional como un paso hacia la consolidación de alternativas de migración, empleo y residencia, no obstante, el crecimiento poblacional y la expansión urbana conllevan grandes desafíos para orientar esa dinámica en vertientes seguras y sostenibles.

Asociado al proceso de urbanización, se encuentra el poblamiento de territorios en los que existen amenazas (naturales o antrópicas), que aumentan su vulnerabilidad; por ello, es necesario el fomento de nuevas políticas de distribución de la población que contribuyan a la gestión integral del riesgo y a la mitigación y adaptación al cambio climático, cabe resaltar el papel preponderante del CONAPO al impulsar la política de población como eje central del desarrollo económico y social sostenible en México.

El CONAPO también se ha distinguido por sus estrategias de comunicación, educación e información en población, sosteniendo como uno de sus objetivos promover la toma de decisiones libres e informadas en relación a la vida sexual y reproductiva de la sociedad mexicana, así como fomentar la concientización de las personas para contar con las herramientas necesarias para construir un mejor proyecto de vida.

Ejemplo de lo anterior son las campañas de comunicación y el impacto que éstas han tenido con la población mexicana. En 1974 las familias en el país tenían casi 7 hijos en promedio y había la necesidad de detener la explosión demográfica, por ello, el CONAPO diseñó las estrategias de “vámonos haciendo menos”, “la familia pequeña vive mejor” y “planifica, es cuestión de querer”, logrando la disminución del promedio de hijos a dos por mujer.

Asimismo, para enfrentar nuevos retos sociodemográficos como el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual, generó las campañas “un condón es más confiable que el destino” y la reciente y exitosa “¡Tú decides: infórmate; es tu derecho, ¡protégete!”.

En 2014, el CONAPO continuará con los esfuerzos para sensibilizar a la población en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, trabajando una campaña que contenga las temáticas de población indígena y proyecto de vida.

Es importante señalar que la Secretaría General del CONAPO propone cambios estructurales: La promulgación después de 40 años de una nueva Ley General de Población que responda a las necesidades del contexto y retos sociodemográficos de actualidad y, la elaboración de un Programa Nacional de Población que tiene como principal característica la inclusión de temáticas transversales que fueron incorporadas a través del trabajo conjunto con instituciones de los tres Órdenes de Gobierno y la sociedad civil.